El caso del Karate en Gran Canria: delito continuado de abusos sexuales y corrupción de menores

La Fiscalía se prepara para redactar el escrito de calificaciones más contundente de la historia de la Justicia en Canarias. Los responsables del conocido como caso del kárate se exponen a una petición que podría superar los quinientos años de prisión por parte del ministerio público, según afirman fuentes próximas al caso. Tras casi dos meses de una investigación que se encuentra bastante avanzada y sobre la que se podría alzar el secreto de sumario en los próximos días, en torno a cien víctimas han prestado declaración ante la policía y ante el juez de instrucción. Pero muchos de los delitos ya han prescrito.

Tres personas se encuentran en prisión preventiva como presuntas autoras de un delito continuado de abusos sexuales y un delito de corrupción de menores. Se trata del propietario de la Escuela de Kárate Torres Baena, Fernando Torres Baena, su compañera sentimental, María José González Peña, y una tercera karateca, Ivonne González Herrera. Todos están acusados de abusos sexuales a menores que presuntamente se remontan veinte años en el tiempo y afectan a menores de hasta nueve años de edad.

Cincuenta y seis víctimas han prestado ya declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón; pero en torno a medio centenar más lo ha hecho ante el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas. Tanto el juez como el fiscal del caso, Pedro Gimeno, se encuentran en proceso de selección de los testimonios que tendrían validez legal en estos momentos, puesto que muchos de ellos ya han prescrito.

DIEZ AÑOS. Todas las presuntas agresiones que se hubieran cometido hace más de diez años en el caso del kárate estarían prescritas, según el Código Penal. El delito continuado de abusos sexuales queda prescrito una década después de producirse la última de las agresiones, teniendo en cuenta que hablamos de delito continuado, esto es, abusos sexuales durante al menos varias ocasiones.

Según fuentes próximas al caso, hay al menos 56 víctimas cuyos delitos permanecen en vigor, es decir, se cometieron hace menos de diez años. Además, falta por chequear casi medio centenar de declaraciones. Las fuentes estiman que el número de víctimas estaría entre 60 y 70 jóvenes